Aznar, Zapatero y Felipe González avivan sus "negocios de lobby" en Latinoamérica mientras aún cobran del Estado
La constante presencia de expresidentes españoles en países iberoamericanos ha suscitado críticas y preguntas sobre sus actividades fuera de la esfera pública. Desde Felipe González hasta José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, estos exmandatarios parecen mantener una agenda activa, orientada no siempre hacia intereses de Estado, sino a menudo hacia el lobby y el negocio, en algunos casos de forma opaca y siempre con negocios millonarios de por medio. Mientras tanto, estos expresidentes continúan recibiendo una generosa dotación estatal que cubre salarios, personal, coches oficiales, conductores, seguridad, gastos de representación e inmuebles, tal y como establece la normativa de 1992.
Este estatus legal de privilegio suscita críticas, pues muchos cuestionan si las prerrogativas de un expresidente deberían mantenerse cuando este dedica su tiempo a actividades privadas y utiliza su influencia y estatus para sus propios intereses. En el caso de Zapatero, por ejemplo, sus frecuentes viajes a Venezuela han levantado sospechas y críticas debido a su relación cercana con el régimen chavista y su involucramiento en reuniones que parecen beneficiar más a sus propios intereses que a los del Estado español. Sin embargo, Zapatero no es el único en la mira. Felipe González, quien adquirió la nacionalidad colombiana y dominicana, también ha realizado frecuentes visitas a América Latina y ha mostrado interés en iniciativas de lobby que favorecen a empresas privadas. La opacidad en torno a estos viajes y sus relaciones con figuras de poder en estos países evidencian una falta de transparencia que muchos en España consideran reprochable y piden que se ponga la lupa en el uso de estos fondos públicos.
Por otro lado, está José María Aznar, quien ha sido tradicionalmente más discreto en sus relaciones exteriores, aunque también ha mantenido un papel activo en el ámbito iberoamericano. Recientemente, sus actividades en Colombia han llamado la atención, especialmente en Medellín, donde políticos de derecha han manifestado su cercanía con el expresidente español. Sorprende que, a pesar de su alineación ideológica con políticos conservadores, Aznar mantenga sus contactos en Colombia incluso bajo un gobierno de izquierda, lo que sugiere que sus intereses podrían estar más relacionados con acuerdos económicos o de influencia regional que con cuestiones estrictamente políticas.
Desde el punto de vista legal, la dotación que reciben los expresidentes debería cubrir únicamente aquellos asuntos que conciernen al interés público. El Real Decreto 405/1992 establece estos beneficios, y aunque la normativa no impide que desarrollen actividades privadas, la falta de regulación sobre el uso de los fondos públicos cuando realizan actividades empresariales ajenas a la política deja un vacío ético y legal. Algunos expertos señalan que esta situación debería llevar a una revisión de la ley para definir los límites de las prerrogativas de los expresidentes y evitar que fondos del Estado cubran desplazamientos, seguridad y representación en actividades que no están al servicio de España.
Esta situación ha reabierto el debate sobre la necesidad de transparencia en los movimientos de los expresidentes y si las dotaciones estatales deben cubrir únicamente funciones institucionales. Los recientes desplazamientos de Aznar, Zapatero y González en América Latina recuerdan que los privilegios asignados a quienes alguna vez lideraron el país pueden ser, en ocasiones, incompatibles con sus actividades privadas, especialmente cuando estas implican intereses económicos o de influencia. Este tema podría convertirse en el centro de un debate parlamentario que busque aclarar los límites en el uso de recursos públicos y la ética en las actuaciones de los expresidentes cuando el interés nacional está en juego.