El cese de una vieja gloria del PP pone el foco en un 'chiringuito' de Almeida: "No han subido las cuentas públicas desde 2021"

Almudena Maíllo

Desde la llegada de José Luis Martínez-Almeida a la alcaldía de Madrid, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) ha caído en un preocupante estado de inactividad. Esta organización, que une a 29 capitales iberoamericanas y grandes ciudades a ambos lados del Atlántico, ha pasado de ser un pilar de la diplomacia municipal a un organismo olvidado y sin rumbo, en gran parte debido a la gestión errática y desinteresada de la administración de Almeida.

Uno de los momentos más controvertidos que marcó el declive de la UCCI fue el cese abrupto de su directora general, Ana Román, en octubre de 2023. Román, exconcejala del PP con una trayectoria política de más de 35 años en cargos importantes tanto en el Congreso de los Diputados como en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, fue despedida sin ningún reconocimiento por sus servicios.

Ana Román

Lo que llama la atención es que, a pesar de su vasta experiencia y de haber liderado la UCCI durante varios años, el Ayuntamiento de Almeida no le dedicó ni una línea de agradecimiento. La decisión fue vista por muchos como una movida política, especialmente por los choques que Román había tenido previamente con figuras cercanas al alcalde, como Almudena Maíllo o el directivo de la UCCI Fernando Rocafull.

En sustitución de Román, fue nombrada Luciana Binaghi Getar, la primera latinoamericana en asumir la dirección general de la UCCI. Con un impresionante currículum en cooperación internacional, la llegada de Binaghi prometía una nueva etapa para la organización. Sin embargo, desde su nombramiento, la UCCI ha experimentado una parálisis preocupante.

Entre los indicios más claros de esta inactividad se encuentra la falta de transparencia en la gestión de la organización. Las auditorías correspondientes a los años 2022 y 2023 no han sido publicadas, y las cuentas llevan sin actualizarse desde hace dos años. La última Declaración de la Asamblea General que aparece en la web de la UCCI es de 2021, cuando esta se celebró en Madrid. Estos datos, unidos a una asignación de casi 2 millones de euros del Ayuntamiento en 2019 y unos gastos de personal que superan los 800.000 euros, hacen cuestionar seriamente la gestión actual.

Además del abandono institucional, el conflicto que se avecina entre Ana Román y el Ayuntamiento de Madrid amenaza con traer serias consecuencias legales. Según fuentes veteranas del PP conocedoras del caso, Román ha decidido emprender acciones judiciales contra su cese, lo que podría suponer un nuevo golpe para la administración de Almeida.

El propio alcalde se negó a reunirse con Román tras su salida, lo que agravó aún más la tensión, especialmente teniendo en cuenta que Román había sido compañera de corporación durante años. Este distanciamiento, unido a la resistencia jurídica de Román, ha puesto en alerta al equipo municipal, que teme que la judicialización del conflicto revele una gestión inadecuada y cargada de decisiones políticas.

El enfrentamiento no solo involucra a Almeida, sino también a miembros de su equipo, como Almudena Maillo, verdadera artífice de la destitución de Román y responsable en gran parte de que la UCCI, un organismo con sede en Madrid y una larga tradición en la diplomacia municipal iberoamericana, haya pasado de ser un referente para convertirse en una entidad olvidada bajo el mandato de Almeida. La falta de transparencia, la inactividad y los conflictos internos han erosionado su credibilidad, y el futuro de la organización parece cada vez más incierto con un Almeida que muestra escaso interés por esta institución y las relaciones iberoamericanas.