Los pisos más baratos de Madrid colgados en Idealista no se pueden visitar: "Son para inversores"
No te dejan ver el piso porque es para inversores. Ni visitas ni nada. Esto es lo que ocurre con los pisos de Madrid que no superan los 100.000 euros, es decir, los más baratos. Es una situación tan real que refleja lo tensionado que está el mercado inmobiliario en la capital. Los comentarios de los propietarios en los anuncios colgados en Idealista no dejan lugar a dudas.
El mercado inmobiliario en las zonas periféricas de Madrid se ha convertido en un escenario lleno de peculiaridades y problemas éticos. En una reciente búsqueda en Idealista, la periodista Sara Plaza Casares puso en evidencia una realidad preocupante: la mayoría de los pisos económicos se venden únicamente a inversores, quienes ni siquiera permiten realizar visitas, ya que los inmuebles están ocupados por inquilinos. Esta situación crea un entorno propicio para que los fondos de inversión adquieran propiedades sin el control de los precios del alquiler, que pueden aumentar sin límite alguno.
Fondos de inversión y precios del alquiler
Una de las prácticas más comunes es la venta de propiedades con inquilinos dentro. En estos casos, el comprador, generalmente un fondo de inversión, puede hacer lo que quiera con el alquiler, ya que no existe ningún tope legal que regule este aspecto. Esto genera una situación de vulnerabilidad para los inquilinos, quienes se ven sometidos a subidas indiscriminadas del precio del alquiler o, en el peor de los casos, a desahucios.
Desahucios y ventas "a medias"
Otra realidad que surge en este mercado es la venta de créditos que se están ejecutando judicialmente, lo que significa que los compradores estarían adquiriendo un proceso de desahucio. Esta práctica, aunque legal, es polémica porque convierte situaciones de extrema vulnerabilidad, como la pérdida de una vivienda, en una oportunidad de negocio para los inversores.
Además, no falta quien ofrece mitades de pisos en venta, lo que implica que, al comprar, el nuevo propietario compartiría la vivienda con otro copropietario, lo que sugiere un nivel de conflicto potencial. Situaciones como esta muestran el nivel de especulación y falta de ética que predomina en el mercado inmobiliario actual.
Lofts y empadronamiento
Otra oferta curiosa descubierta por Sara Plaza es la de lofts que no están considerados como vivienda habitual, aunque permiten el empadronamiento. Estos inmuebles, que no cumplen con los requisitos legales para ser clasificados como viviendas, permiten a los compradores tener un domicilio oficial, lo que en algunos casos puede ser una solución para obtener acceso a ciertos servicios municipales. No obstante, es una solución temporal y precarizada que no aborda el verdadero problema de la escasez de viviendas accesibles.
Okupas y el mercado en efectivo
Quizás uno de los aspectos más sorprendentes es la venta de inmuebles con okupas dentro. Este tipo de ofertas no permite la tasación de la vivienda ni la posibilidad de acceder a una hipoteca, lo que obliga al comprador a pagar el total del precio en efectivo. Estas transacciones sugieren la posibilidad de dinero no declarado o maletines en efectivo, y reflejan lo desregulado que está el mercado.
La vivienda como bien de mercado
El reportaje de Sara Plaza pone de relieve las consecuencias de la conversión de la vivienda en un bien de mercado, un proceso que ha sido permitido por las políticas laxas de los gobiernos de las últimas décadas. Mientras los inversores especulan y buscan obtener el mayor beneficio, la clase trabajadora se encuentra atrapada en un círculo de alquileres desorbitados, pisos inadecuados y ofertas que poco tienen que ver con garantizar el derecho a una vivienda digna.
Este panorama es una clara advertencia de cómo la vivienda ha dejado de ser un derecho básico para convertirse en un instrumento financiero, algo que afecta tanto a los inquilinos como a quienes intentan comprar una propiedad en condiciones asequibles. Las historias encontradas en esta única búsqueda inmobiliaria ilustran cómo la especulación ha distorsionado completamente el acceso a una vivienda digna, y plantea la necesidad urgente de políticas más estrictas y regulaciones que protejan a los ciudadanos en lugar de los intereses de los grandes fondos de inversión.