La OCU da un tirón de orejas al bono de alquiler e insinúa que es un "parche"
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calificado el Bono Alquiler Joven como una medida paliativa que ofrece un "alivio temporal", pero advierte que no resuelve los problemas estructurales del acceso a la vivienda en España. Si bien el bono, que ofrece 250 euros mensuales durante dos años, es visto como una ayuda puntual, la OCU denuncia graves dificultades en su gestión, principalmente en comunidades como Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia, donde los retrasos en la resolución de las solicitudes y en el abono de las ayudas son notables.
El Defensor del Pueblo ha señalado que en muchas ocasiones no se cumplen los plazos establecidos para resolver las solicitudes, lo que en algunos casos, como en Galicia, puede llevar a la denegación automática de las ayudas por silencio administrativo. En Madrid, aunque se han publicado listados de beneficiarios, estos aún no han recibido el dinero.
A pesar de estos esfuerzos por parte del gobierno, la OCU subraya que el bono no ataca el verdadero problema: los precios desorbitados de los alquileres. Las ayudas actuales no son suficientes para abarcar la demanda de solicitantes, ni para reducir los precios, que continúan subiendo de manera sostenida. En este contexto, la organización pide un cambio de enfoque en la política de vivienda, que priorice la promoción de vivienda social en alquiler. Entre 2017 y 2022, solo 8.613 viviendas obtuvieron la certificación como viviendas de protección oficial (VPO) en alquiler, una cifra que la OCU considera totalmente insuficiente frente a las crecientes necesidades.
Desde la OCU instan a que el esfuerzo público se centre en aumentar el número de viviendas accesibles y en reforzar los servicios sociales, para garantizar que estos recursos lleguen a las familias y jóvenes en situación de vulnerabilidad. La organización enfatiza que simplemente repetir programas de subvenciones económicas no es la solución, ya que no ayudan a largo plazo ni son suficientes para el creciente número de personas que tienen dificultades para pagar su alquiler.
Por otro lado, la falta de seguridad jurídica en el mercado del alquiler, según la OCU, está provocando que la oferta de vivienda en alquiler disminuya, lo que agrava aún más la situación de las personas que buscan un hogar. Los propietarios son cada vez más reacios a alquilar sus propiedades debido a los cambios normativos, lo que genera una retracción de la oferta y, en consecuencia, un aumento de los precios.
En resumen, la OCU concluye que la única forma de abordar el problema del acceso a la vivienda es con un plan de vivienda social ambicioso que reduzca la dependencia de ayudas temporales y proporcione soluciones más estables y accesibles para los jóvenes y los hogares vulnerables en España.