La doble vara de medir de Ayuso: apoyo incondicional a la imputada Ana Millán y «exigencia salvaje» para los demás

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado en múltiples ocasiones una actitud inequívoca de apoyo hacia quienes forman parte de su círculo cercano. Este respaldo ha sido evidente en situaciones controvertidas que han involucrado a figuras como su número tres, Ana Millán; al empresario Nacho Cano; a su hermano; y a su propia pareja. Sin embargo, cuando se trata de políticos de otros partidos o empresarios fuera de su órbita, la presidenta adopta una postura mucho más rigurosa y exigente, marcando así una clara diferencia en el trato que les dispensa.

Un ejemplo representativo de esta dualidad es el caso de Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, exalcaldesa de Arroyomolinos y número tres en la estructura de poder de Ayuso. A pesar de enfrentarse a una grave imputación judicial por corrupción y presuntas irregularidades durante su gestión municipal, Ayuso no ha dudado en respaldarla públicamente. Para la presidenta, Millán es víctima de ataques políticos que buscan desprestigiar a su administración. Este apoyo incondicional contrasta con la severidad con la que Ayuso ha tratado a políticos de otros partidos en situaciones similares, exigiendo dimisiones y condenando sin reparos su falta de ética.

Otro caso de este doble rasero es el respaldo que ha dado al empresario y músico Nacho Cano, amigo y aliado cercano de la presidenta, quien ha sido acusado por la policía de supuestas irregularidades con becarios en uno de sus proyectos musicales, lo que llevó a una denuncia por parte de una de las becarias. A pesar de las críticas, Ayuso ha defendido a Cano, resaltando su contribución a la cultura y el turismo de la región. Esta defensa contrasta con la rigidez con la que se ha dirigido a otros empresarios que, al enfrentarse a problemas con la Agencia Tributaria o la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid, no han recibido el mismo nivel de comprensión o apoyo. Incluso, empresarios detenidos en circunstancias llamativas, como el dueño de una conocida discoteca o un famoso restaurador, han sido tratados con una severidad que no parece aplicarse a los allegados de Ayuso.

La situación es aún más evidente en el caso de su pareja, cuya relación ha generado controversia dentro del Partido Popular, especialmente cuando han surgido posibles conflictos de interés. Este episodio ha reavivado el recuerdo de la grave crisis que enfrentó el liderazgo de Ayuso cuando se cuestionaron los negocios relacionados con la sanidad madrileña de su hermano. Sin embargo, lejos de adoptar una postura neutral o cautelosa, Ayuso ha cerrado filas, protegiendo la privacidad e integridad de su pareja y rechazando cualquier insinuación de favoritismo. Esta actitud contrasta con la dureza con la que ha juzgado a otros políticos, especialmente de la oposición, en situaciones donde se sospechaban conflictos de interés.

La conducta de Ayuso refleja un patrón claro: una vara de medir para los suyos, con indulgencia y defensa férrea, y otra muy distinta para quienes no pertenecen a su círculo, donde la exigencia y el escrutinio se vuelven implacables. Este doble estándar no solo genera críticas por su falta de equidad, sino que también plantea serias preguntas sobre la integridad y la imparcialidad en la gestión pública. La política madrileña, con Ayuso a la cabeza, parece operar bajo la premisa de que la cercanía al poder otorga una especie de inmunidad frente a las críticas y las consecuencias, mientras que quienes están fuera de ese círculo deben enfrentarse a una severidad sin concesiones. Este estilo de hacer política ya se vio durante el mandato de Esperanza Aguirre, quien convirtió la Comunidad de Madrid en un «estanque de ranas», muchas de las cuales hoy habitan en recintos penitenciarios. Justo estos días ha llegado la condena a siete años de prisión para su vicepresidente, Alfredo Prada, por el caso de la Ciudad de la Justicia.