Noticias sobre lo que todo el mundo piensa y nadie se atreve a denunciar

General

Prohibir contratar la luz o el agua por teléfono, cada vez más cerca

A pesar de la normativa existente que regula y protege a los consumidores del spam telefónico, este sigue siendo un problema persistente. Según datos, 9 de cada 10 usuarios continúan recibiendo llamadas comerciales no solicitadas, a menudo de compañías de telecomunicaciones o energéticas que buscan convencerlos de que sus ofertas representan un ahorro significativo.

Engaños y falta de transparencia en las contrataciones telefónicas

Estas llamadas suelen estar plagadas de palabrería, medias verdades y datos a menudo inexactos, llevando a los consumidores a contratar servicios de electricidad o gas sin estar plenamente conscientes de las implicaciones. Este proceso ha llevado a numerosos problemas, sorpresas y descontento entre los consumidores, especialmente con las compañías de gas y luz, que acumulan las peores valoraciones por parte de los clientes.

Propuesta de mejora en la regulación

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado reiteradamente los abusos cometidos en este tipo de contrataciones a distancia y apoya el Reglamento General de Suministro y Contratación. Actualmente en fase de alegaciones, este proyecto de reglamento propone prohibir la contratación de servicios de electricidad y gas por teléfono, lo que podría marcar un antes y un después en la protección de los consumidores.

Beneficios de prohibir las contrataciones telefónicas

La prohibición de estos contratos telefónicos podría acabar con varios problemas persistentes:

  • Falta de transparencia: Los estudios muestran que los consumidores frecuentemente no saben con quién están hablando, ya que los teleoperadores no identifican claramente a la empresa que representan.
  • Engaños y abusos: Se manipula información y se engaña al usuario para obtener datos sobre tarifas y contratos bajo la promesa de ahorros que nunca se materializan.
  • Reducción del spam telefónico: Si las compañías ya no pudieran formalizar contratos por teléfono, desaparecerían las motivaciones para realizar llamadas inoportunas no deseadas.

Esta medida podría representar un avance significativo en la protección de los consumidores, limitando la capacidad de las compañías para contactar a los usuarios sin su explícito consentimiento.