La gestión política frente a la DANA genera estupor e indignación ante unas Fuerzas Armadas que han llegado tarde

En medio de una de las peores tragedias del siglo XXI en España, los ciudadanos claman por la intervención urgente de la Generalitat y el Gobierno Central, exigiendo actuaciones rápidas y eficaces. Sin embargo, la pregunta que más resuena es: ¿por qué no se movilizan las Fuerzas Armadas para contener una catástrofe que desborda las capacidades locales? A pesar de contar con miles de efectivos en la Comunidad Valenciana y provincias cercanas, las fricciones entre administraciones han paralizado al Ejército e impedido que los soldados desplieguen sus recursos.

Entre Paterna y Manises, 4,000 soldados permanecen prácticamente inactivos (pese a que el presidente del Gobierno ha anunciado la llegada de 5.000 efectivos estos días), deseosos de colaborar, pero limitados por la falta de coordinación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno Central. En Albacete, unos 600 soldados en maniobras, equipados con ambulancias y medios de auxilio, esperaban órdenes que nunca llegaron, una situación de impotencia que se ha hecho eco en redes sociales. La ayuda está a un paso, pero la falta de un mandato claro que nunca llegó a estos efectivos ante su indignación.

El malestar es palpable. En los cuarteles, la indignación se extiende entre soldados y oficiales, que observan frustrados cómo sus capacidades se desperdician. Esta tensión refleja el sentir de una sociedad que exige una respuesta efectiva y se siente abandonada. La pasividad de los altos mandos militares, convertidos en piezas de una maquinaria burocrática, ha debilitado la imagen del Ejército, maniatado por una burocracia que le mantiene inactivo mientras tres regiones de España se hunden en la tragedia y sus habitantes carecen de lo básico para subsistir.

La Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha intentado mostrar una postura empática, anunciando la posibilidad de activar hasta 120,000 efectivos, toda la fuerza del Ejército. Sin embargo, los ciudadanos y observadores se preguntan: ¿a qué esperan para desplegarlos? En lugar de una respuesta rápida y contundente, la tragedia se prolonga mientras los políticos parecen estar ausentes o más preocupados por trámites y formalismos que por salvar vidas.

La situación ha desbordado a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, quien, pese a mostrar buena voluntad, evidencia las limitaciones de su administración. Solo se han solicitado 500 efectivos, además de los 1200 que desplegó la UME el segundo día de la tragedia, para una catástrofe que claramente requiere una intervención mucho mayor. A pesar de la oferta del Gobierno de enviar más soldados y la disponibilidad de ayuda internacional, la Generalitat sigue “estudiando” el escenario, una respuesta que no solo frustra, sino que resulta inadmisible ante el sufrimiento de la población.

A estas alturas, el papel de los voluntarios ha sido crucial, pero sus capacidades son limitadas y el riesgo de saturación es inminente. Mientras las administraciones se toman su tiempo para organizar una respuesta, la clase política pierde credibilidad ante una ciudadanía que percibe en su pasividad una renuncia a su deber de protección. La gravedad de esta crisis exige una reflexión seria sobre la competencia de quienes ostentan cargos de responsabilidad, y podría incluso ser objeto de análisis judicial si la inacción llegara a considerarse una forma de denegación de auxilio. En un momento en que el país demanda empatía, liderazgo y celeridad, el tiempo corre y la tragedia no espera.