La comidilla del PP: Colocaron a la hija del juez Peinado como concejal de Fiestas con un sueldo de 75.000 euros al año

La imparcialidad del juez Peinado se encuentra en el centro de la controversia, tras conocerse que su hija, Patricia Peinado, fue colocada en junio de 2023 en la lista del Partido Popular (PP) de Pozuelo de Alarcón. La joven, nombrada concejal delegada de Deportes y Fiestas con dedicación exclusiva, percibe un salario de 74.950 euros, lo que ha suscitado dudas sobre la ética y la transparencia del proceso, garantizando esta situación hasta junio de 2027.

Según fuentes locales, Patricia Peinado fue impuesta en la lista del PP a pesar de ser prácticamente desconocida dentro del partido en Pozuelo. Se sostiene que altos dirigentes del PP se interesaron en cumplir con este favor, lo que llevó a la alcaldesa a colocarla en un puesto de salida en la lista electoral y posteriormente otorgarle una concejalía delegada, desplazando a otra persona especializada en Deportes y con una larga trayectoria en la política local. Este hecho ha alimentado la creencia de que su inclusión en la lista electoral y en el gobierno local fue una decisión impuesta desde las altas esferas de Génova 13, algo que suele hacerse con cargos con experiencia y con trayectoria de partido, pero inusualmente extraño para alguien "totalmente desconocida en el PP y llegada de la noche a la mañana".

Lo que sorprende es la actitud pasiva del PSOE, tanto a nivel regional como local. Mientras el PP ataca duramente a Pedro Sánchez en cada oportunidad, el PSOE de Madrid, bajo el liderazgo de Juan Lobato, ha mantenido un silencio absoluto sobre esta cuestión. Tampoco el PSOE de Pozuelo ha impulsado una denuncia pública contundente ni ha presionado por una investigación exhaustiva sobre las implicaciones de este nombramiento y sus posibles efectos en la imparcialidad del juez. Este contraste entre la agresividad del PP y la inacción del PSOE genera desconcierto entre los ciudadanos.

Algunos miembros del PSOE han comenzado a recabar información sobre las circunstancias que rodearon su designación, pero sus acciones hasta ahora han sido tibias y tardías, lo que contrasta con la gravedad de las implicaciones que este caso podría tener sobre la percepción pública de la justicia.

La posibilidad de que el juez Peinado se vea influenciado por su relación familiar con una figura política en ascenso del PP plantea serias preguntas sobre su capacidad para ejercer sus funciones con la objetividad y la justicia que se espera de un magistrado. En un momento en que la confianza en las instituciones es crucial, estos vínculos pueden erosionar la percepción pública de la justicia y la equidad.

El contexto en el que se produjo este nombramiento y las sospechas sobre el favoritismo político solo añaden más complejidad a la situación. En Pozuelo de Alarcón surgen muchas dudas y, en voz baja, algún desplazado del actual equipo del PP, pide claridad y transparencia en el manejo de sus instituciones, así como un sistema judicial que actúe sin sesgos ni influencias externas.

La pregunta que muchos se hacen es si el juez Peinado podrá mantener su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, dado el agradecimiento que podría sentir por la colocación de su hija en una posición de relevancia política y un puesto altamente remunerado del gobierno municipal del PP en Pozuelo. La integridad del sistema judicial depende de la confianza que la ciudadanía tenga en la independencia de sus jueces, y esta situación pone esa confianza en riesgo.